En poco tiempo nuestro país cumplirá un año desde la aprobación de su norma sobre ciberseguridad: Ley Marco de Ciberseguridad, y en este artículo nos preguntamos cómo ha sido su implementación y cuáles son los principales desafíos que los chilenos han debido enfrentar con la entrada en vigencia.
La Ley Marco de Ciberseguridad busca establecer las bases para proteger la infraestructura digital del país. Pero, como suele ocurrir con los grandes avances regulatorios, un marco legal no garantiza por sí mismo la seguridad.
La verdadera prueba comenzó el día en que la ley entró en vigor, en enero de este año. Hoy, casi once meses después, muchas organizaciones siguen intentando ponerse al día. Lo que la norma dejó en evidencia es algo que los especialistas en el sector ya sabían: la ciberseguridad no se resuelve con tecnología, sino con cultura, liderazgo y coordinación.
Un desafío que trasciende fronteras
Lo que ocurre en Chile no es un fenómeno aislado. En todo el mundo, los gobiernos comienzan a comprender que proteger la información es proteger el funcionamiento de la sociedad. Sin embargo, transformar esa comprensión en práctica efectiva exige más que voluntad política: requiere preparación, inversión y un cambio de mentalidad que todavía avanza más lento de lo necesario.
La creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) fue un paso fundamental. Por primera vez, el Estado cuenta con una institucionalidad encargada de articular políticas y responder ante incidentes. Pero también puso de relieve la magnitud del reto.
La ley impone obligaciones concretas: reportar incidentes, demostrar medidas preventivas, mantener planes de continuidad y cumplir plazos estrictos. En la práctica, muchas organizaciones han descubierto que no tenían procesos, equipos ni capacidades internas suficientes para responder bajo ese estándar.
Más que un cumplimiento, un cambio cultural
En un año marcado por la discusión sobre crecimiento y productividad, la ciberseguridad podría parecer un tema técnico o lejano. Sin embargo, es uno de los pilares que definirá la competitividad futura de Chile.
De poco sirve digitalizar procesos si no existe confianza en los sistemas que los sostienen. Y esa confianza digital no se construye con declaraciones, sino con hechos: reportes transparentes, auditorías reales y colaboración efectiva entre el sector público y privado.
Cumplir la ley es apenas el punto de partida. El desafío real está en acompañar su propósito: fortalecer la resiliencia, fomentar la transparencia y convertir la ciberseguridad en una prioridad estratégica, no solo legal.
El rol del sector privado: de la obligación a la oportunidad
Las empresas que hoy operan en sectores esenciales —energía, finanzas, telecomunicaciones, servicios públicos— no pueden limitarse a cumplir con lo mínimo. La ley ofrece una oportunidad para replantear la gestión del riesgo digital y elevar los estándares de toda la cadena de valor.
Colaborar, compartir aprendizajes y crear ecosistemas de confianza será lo que determine si Chile logra convertir la regulación en resiliencia. En este sentido, el sector privado tiene mucho que decir, y aún más que hacer.
Cumplir no es el final, es el comienzo
La Ley Marco de Ciberseguridad no busca frenar la innovación, sino darle un piso más sólido. Chile está enviando una señal clara al resto de la región: avanzar hacia una economía digital más segura y confiable.
Pero la pregunta clave sigue abierta: ¿Está Chile realmente preparado para cumplir su propia ley?
Porque en ciberseguridad, cumplir no significa llegar a la meta. Cumplir es apenas el primer paso hacia un país digitalmente más seguro.
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